Por unanimidad, la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso de la República aprobó -esta tarde- proponer al pleno congresal declarar «Héroes de la Democracia» a los comandos del operativo militar «Chavín de Huántar», a los ex rehenes de la embajada de Japón en Lima y a los ex integrantes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) quienes en 1992 lograron capturar al cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reynoso.
La propuesta original fue que esta declaratoria solamente comprenda a los oficiales y subalternos que participaron en el Operativo Chavín de Huántar que hace 20 años debeló la toma de la embajada de Japón en Lima. Sin embargo, a pedido del legislador César Segura (FP), se aprobó ampliarlo a los ahora ex rehenes de la referida sede diplomática que estuvieron 126 días secuestrados y a los ex miembros del GEIN, siempre y cuando éstos no tengan sentencia judicial firme por la comisión de delitos penales.
La votación fue unánime y multipartidaria y concluyó en los aplausos de los legisladores participantes de la sesión y de varios de los ex comandos Chavín de Huántar quienes se encontraban en una de las galerías del hemiciclo del Congreso.
Antes, intervinieron además los legisladores Carlos Tubino (FP), Octavio Salazar (FP), Edwin Donayre (APP), Elard Melgar (FP), Luis Yika (FP) y Marco Miyashiro (FP) quienes coincidieron que la aprobación de esta futura ley declarativa representará el agradecimiento del Estado Peruano a los valientes soldados y oficiales que contribuyeron decididamente a favor de la pacificación nacional.
De inmediato se aprobó multipartidariamente y sin ningún voto en contra el predictamen que propone modificar la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1133 que desde el 9 de diciembre del 2012 establece un régimen pensionario discriminatorio para los policías y militares que pasaban a situación de retiro.
El congresista Carlos Tubino (FP) planteó corregir lo que llamó injusticia al personal uniformado en situación de retiro porque dicha disposición no respeta ni los años de servicios prestados a la institución militar ni el grado castrense alcanzado.
Su colega de bancada Yika García graficó la actual situación discriminatoria que vive hoy en día el personal militar en retiro con este caso: un oficial superior con el grado de Mayor del Ejército en retiro percibe una pensión superior respecto a lo que tiene un general del Ejército que se apartó de las filas castrenses antes de la dación del referido decreto legislativo.
La propuesta aprobada no solamente ordena definitivamente el régimen de pensiones del personal militar y policial que será el equivalente a la remuneración consolidada que se otorga al personal en actividad y según el grado remunerativo de conformidad con los artículos 10, 39 y 41 del Decreto Ley 19846 y sus normas modificatorias y complementarias.
«Cada entidad pagará con sus fondos propios la pensión consolidada de acuerdo con los años de servicios prestados y las remuneraciones pensionables abonadas», dice el dictamen aprobado que a la vez señala que «la implementación será en forma inmediata con cargo a los presupuestos del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior y las asignaciones presupuestales que se aprueben para tal fin», se lee en el dictamen sancionado.
La aprobación también fue aplaudida por los legisladores miembros de la Comisión de Defensa y por los ex comandos del operativo militar Chavín de Huántar quienes siguieron hasta esa parte la sesión pública porque inmediatamente después dicho grupo de trabajo pasó a sesión reservada para aprobar la lista de los que serán investigados por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en los ministerios de Defensa e Interior respecto a los ascensos, pases a retiro y designaciones durante el período 2011-2016.