A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados del Perú -ANAPEF saludó la iniciativa de las Comisiones de Fiscalización, Educación y Defensoría del Consumidor del Congreso de la República en solicitar al Poder Ejecutivo declarar en emergencia el sector Educación, para que se promuevan iniciativas legislativas que logren consolidarse como herramientas legales para impulsar modificaciones importantes en la educación en nuestro país.
Asimismo, resalta que el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, señor Edgar Alarcón Tejada (Unión por el Perú) exija al Ministerio de Educación dar debido cumplimiento al Decreto Legislativo 1476 y su reglamento promulgado mediante Decreto Supremo N° 007-2020-MINEDU que dispone garantizar la transparencia, protección de usuarios y continuidad del servicio educativo no presencial en centros educativos privados, en el marco de las acciones para prevenir la propagación del COVID-19.
Igualmente, consideran que es importante redoblar los esfuerzos que se vienen haciendo desde abril, para tener una educación telemática de calidad con pensiones escolares que reflejen nuestra actual realidad socioeconómica. Es de resaltar que el gobierno ha emitido numerosas normas legales que han permitido poner en la agenda nacional la
presente problemática nacional que afrontamos hoy los padres de familia.
Además, reitera al Ministerio de Educación su permanente compromiso para encontrar soluciones de manera conjunta, pacífica y equitativa entre las partes (Estado, centros educativos privados y padres de familia) ante tan difícil y complejo problema que aqueja a más de 2 millones de familias peruanas.
También piden una pensión escolar acorde al servicio educativo actual que se brinda. Queda claro también que los centros educativos privados están prohibidos de utilizar fórmulas intimidatorias que afecten el normal desenvolvimiento del desarrollo educativo de los alumnos para procurar el cobro de las pensiones escolares, conforme a la normativa legal vigente.
Agrega que se busca reducir el impacto negativo de la pandemia mundial en la formación de niños y adolescentes en edad escolar en nuestro país.