En relación al arbitraje internacional que mantiene la comuna limeña con el consorcio Rutas de Lima ante el Tribunal Arbitral con sede en Washington, la Municipalidad de Lima informa que luego de 2 años aproximadamente, dicho Tribunal le ha dado la razón a dicho concesionario por el caso del peaje Chillón, ubicado en el distrito de Puente Piedra, que fuera anulado en ese entonces por el ex alcalde Luis Castañeda Lossio (2017).
Tras la revisión del citado laudo, el Tribunal señaló que no obstante que la instalación del peaje de Chillón estaba prevista para cuando terminaran las obras obligatorias a cargo del concesionario Rutas de Lima, tal como lo establecía el contrato, no fue correcto ordenar su suspensión, en tanto, el retraso en la culminación de dichas obras se debió a la falta de liberación de interferencias por parte de la Municipalidad de Lima, concluyendo que el acuerdo del año 2016, mediante el cual se pactó la fecha de inicio de la Nueva Unidad de Peaje Chillón, era razonable.
Cabe precisar que la decisión del ex alcalde Castañeda de suspender la implementación del peaje Chillón no consideró aspectos técnicos y jurídicos necesarios, vulnerando no solo los intereses de los ciudadanos, sino también los de la comuna limeña, pues los costos que se deberán pagar ascienden a S/. 230 millones de soles aproximadamente.
Es lamentable para los ciudadanos de Lima la decisión tomada por el Tribunal Arbitral, que paga el precio de una reprochable acción que solo buscó alimentar el ego de una autoridad insensata, para ganar algunos puntos de aprobación por parte de la ciudadanía, pero que no midió ni analizó la consecuencia que esto traería a los limeños.
Como lo advertimos desde el inicio, la actual gestión, heredó, en este caso concreto, un contrato desnaturalizado, el cual fue modificado irregularmente e interpretado de manera antojadiza por el concesionario, ante la permisividad de una administración edil complaciente, lo cual ha sido resaltado en el laudo, tras señalar que los actos propios de la MML desvirtúan los argumentos que alegó la actual gestión en este arbitraje. No obstante ello, se buscó todos los mecanismos posibles que nos otorga la Ley, para defender los intereses legítimos de millones de ciudadanos limeños, frente a este arbitraje internacional. Lamentablemente no se nos ha dado la razón, pues el Tribunal ha ratificado que todas las medidas adoptadas, debieron seguir los procedimientos del mismo contrato y el acta del 30 de junio de 2016, en cuanto a la fecha acordada entre la MML y Rutas para que inicie el cobro de la nueva unidad de Peaje Chillón.
Frente a esta situación, la comuna limeña se encuentra evaluando las acciones legales que corresponden seguir a fin de continuar defendiendo los derechos de la ciudad y revertir legalmente un fallo que a su entender valida procedimientos que, a todas luces, por lo que hoy sabemos, están manchados por la corrupción, un aspecto que el Tribunal internacional no contempló al no estar debidamente acreditado en el fuero judicial peruano. A pesar de que se incluyeron los informes tanto de la Contraloría como del Congreso de la República y la información pública sobre los avances de las investigaciones penales, entre otros, siendo considerados como insuficientes.
La comuna limeña informa a la ciudadanía que actuará con base legal, como ha sido el proceder permanente de la actual gestión, y con suma responsabilidad, pensando en el futuro y en el beneficio de la ciudadanía.
Los intereses y la dignidad de más de 10 millones de limeños se ven afectados por dicho laudo, que no es categórico ni contundente respecto a las manifestaciones de corrupción que advirtieron debidamente en los alegatos expuestos por el señor alcalde de Lima, Jorge Muñoz, en noviembre del año pasado ante los miembros del Tribunal Arbitral.
La Municipalidad de Lima ratifica que seguirá esta lucha por los intereses de la capital y de los ciudadanos, garantizando la erradicación total de malas prácticas y actos ilícitos que generan el atraso al país.