Zavala y Pérez Tello explicaron que el despido de Ampuero fue porque ella contravino los alcances del Decreto de Urgencia 003-2017 -al tramitar un pedido de inhibición para impedir la venta de la participación del consorcio Odebrecht en el proyecto hidroenergético Olmos- que fue expedido en febrero de este año justamente para garantizar la reparación civil a favor del Estado.

En vista, continuó explicando la ministra de Justicia, que la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, se negó a despedir a la ahora exprocuradora Ampuero, ella también perdió  la confianza para continuar en el puesto y fue cesada.

Ante las preguntas reiteradas de las legisladoras Karina Beteta y Lourdes Alcorta, de Fuerza Popular, abundó en detalles respecto al apoyo dado por el Poder Ejecutivo a favor de las procuradurías y citó el respaldo presupuestal para la continuación de sus labores que pasó de 400 mil soles hasta una partida especial ascendente a cinco millones de soles en  un plazo de cinco meses. 

Ello sin contar los diez millones de soles que el Gobierno también giró a favor del Ministerio Público y los otros diez millones dados por el Tesoro Púbico al Poder Judicial con la finalidad que se continúen y se profundicen las pesquisas en el caso Lava Jato.

El congresista Jorge Castro, de Frente Amplio, pidió explicaciones al primer ministro Zavala por la difícil situación que hoy en dìa afrontan los procuradores anticorrupción, cada uno de los cuales tiene que atender un promedio de 200 casos de presuntas irregularidades en el Estado, a lo que el vocero del Poder Ejecutivo replicó que el próximo proyecto de la Ley Anual de Presupuesto del 2018 puede contener novedades al respecto.

Zavala y la ministra de Justicia adelantaron su satisfacción que el DU 003-2017 sea corregido en el Congreso -existe un pronunciamiento al respecto en la Comisión de Constitución y falta el de la Comisión de Fiscalización en base a un propuesta legal presentada por Karina Beteta- y coincidieron en solicitar el apoyo de las bancadas parlamentarias para la pronta reforma de la Contraloría General de la República, cuyo nuevo titular Nelson Shack ha anunciado, entre otras medidas, una nueva ley del Sistema Nacional de Control.