Ante la amenaza planteada por los juicios políticos y las acusaciones constitucionales promovidos por la mayoría del Congreso en contra del Fiscal de la Nación y algunos magistrados del Tribunal Constitucional, la Pontificia Universidad Católica del Perú declara lo siguiente:

1. Los congresistas tienen el deber patriótico de consolidar y proteger la vida democrática del país. La sociedad peruana, que les dio su representación, tiene el derecho de exigirles que respeten la separación de poderes y los procedimientos constitucionales que norman las funciones de los diversos órganos del Estado.


2. El Estado peruano y sus órganos políticos, incluido el Congreso, tienen el deber moral de respaldar la lucha contra la corrupción. Los congresistas no deben impedir el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos de corrupción ni hostilizar a los altos funcionarios públicos a cargo de la acción penal en contra de la corrupción.

3. Los miembros de todas las agrupaciones políticas de la República tienen el deber de respetar la libertad de prensa y la independencia de los medios de comunicación. Quienes intervienen en política, deben estar expuestos al escrutinio público y demostrar la limpieza de su actuación, sin excepción alguna. La libertad de prensa garantiza que la mayoría de los delitos cometidos en el Perú y en el mundo puedan ser conocidos por la ciudadanía.

4. La responsabilidad de cada grupo político y cada gobernante es resguardar el bien común y contribuir al desarrollo del Perú y de los peruanos, en el marco de la Constitución y las leyes. En ese propósito, deben desterrar de su conducta cualquier actitud que colisione con los principios democrático constitucionales. En especial, tienen el deber de demostrar que su conducta rechaza abiertamente cualquier forma de tiranía, llevada a cabo por personas o grupos.

Lima, 15 de noviembre de 2017


CONSEJO UNIVERSITARIO